BUENOS AIRES.- A un mes del estallido del escándalo que envuelve la quiebra de la imprenta Ciccone, Laura Muñoz, la mujer mendocina que inició una demanda de divorcio contra su esposo Alejandro Vanderbroele, al que sindicó como testaferro de Amado Boudou, dijo que le "indigna" escuchar al vicepresidente defenderse de las acusaciones. "Las cosas que dice que no son ciertas", expresó.
"Ellos se están defendiendo con mentiras", añadió Muñoz, y ratificó una vez más que Boudou y su ex marido se conocen desde Mar del Plata, tiempo antes que el funcionario llegara al Gobierno, aunque ese vínculo fue negado por los hombres. "O son muy inteligentes y nadie se da cuenta cual es la estrategia, o es muy pobre lo que están haciendo", acotó.
"Sería muy ingenua en creer que van a decir: sí, Laura tiene razón", concluyó, de acuerdo a declaraciones reproducidas hoy por la agencia de noticias DyN.
Oxígeno para el vice
El Gobierno nacional se refirió ayer por primera vez a las sospechas y desvinculó de la trama al vicepresidente. Lo hizo en voz del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. La noticia ocupó esta mañana las tapas de los principales diarios bonaerenses, con titulares principales.
El apoyo trajo alivio político al titular del Senado, que hasta el momento debió salir a defenderse en una ostensible soledad. Boudou está siendo investigado en una causa por presunto lavado de dinero y tráfico de influencia en el caso de la compañía para la que, presuntamente, habría intercedido por la quiebra y para que se le destine el negocio de impresión de billetes de $ 100.
Echegaray destacó que la empresa solicitó el levantamiento de la quiebra al juez (Javier) Cosentino, que seguidamente lo dispuso. "El actual vicepresidente y ex ministro de Economía no intervino en el proceso. No pidió la quiebra porque no está entre sus facultades; ni pidió el levantamiento porque es atribución de un juez; y no gestionó nada particular, sino que evacuó una consulta", señaló.
Lo aclaró en respuesta a lo indicado por distintos medios, que mostraron una carta en la que Boudou intercedió ante la AFIP para que se levantara la quiebra de la firma Ciccone. Precisó que ante el pedido de Ciccone de que le conceda más de lo que permite la ley, se hizo una consulta al Ministerio de Economía. "El 8 de noviembre de 2010, instruyó que se permita la continuidad de la empresa, en sintonía con lo que ha sido siempre un objetivo del Gobierno: mantener fuentes de trabajo; pero dentro de las atribuciones legales y sin que ello signifique una mengua del interés fiscal", remarcó Echegaray, quien subrayó que "no hubo quita" para Ciccone.
Afirmó que "así como la AFIP tiene la atribución para pedir la quiebra, tiene mecanismos para permitir el pago de las deudas", y sostuvo que con Ciccone "la idea fue mantener la empresa funcionando para poder cobrarle la deuda y poder seguir recaudando impuestos". Sin embargo, puso de relieve que "hubo una demora para comenzar a cobrar una vez levantada la quiebra, porque el juez junto con el síndico habían resuelto alquilar los equipos a la firma Boldt. "Fue una decisión equivocada porque Boldt estaba denunciada penalmente por evasión impositiva, emisión de facturas truchas, falsificación de documento público y de sellos de la AFIP, y simulación dolosa de pago", subrayó. (NA-Télam-DyN-Especial)